La política, conocida informalmente como el “ICE argentino” por su similitud con el modelo de control migratorio estadounidense, forma parte de un endurecimiento más amplio del régimen migratorio. El Gobierno ya había anunciado modificaciones normativas para reforzar los controles de ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros con antecedentes penales, impedimentos legales o situación migratoria irregular.

Uno de los operativos más visibles tuvo lugar en Liniers, donde agentes de Migraciones y fuerzas federales realizaron controles en la vía pública y dentro de comercios. Según registros periodísticos, el procedimiento incluyó identificación mediante huellas digitales y verificación en bases oficiales, lo que generó demoras y alteraciones en la actividad habitual del corredor comercial.

La modalidad se repitió luego en Flores, tras intervenciones previas en Liniers y Once. Allí, las autoridades detectaron personas extranjeras en situación migratoria irregular y destacaron que algunos casos estaban vinculados a antecedentes penales o investigaciones en curso. En Villa Celina, partido de La Matanza, la Policía Federal identificó a 458 personas, de las cuales 369 eran extranjeras, y detectó 16 casos de residencia irregular; además, el procedimiento derivó en detenciones por presuntas infracciones vinculadas al funcionamiento de comercios y venta de mercadería ilegal.

El despliegue también se extendió a zonas fronterizas. En Salta, el Departamento Federal de Investigaciones de la PFA realizó controles en Pichanal y corredores vinculados a los pasos de Salvador Mazza y Aguas Blancas. En ese operativo se identificaron más de 600 personas y tres ciudadanos bolivianos en situación migratoria irregular fueron trasladados para su expulsión del territorio nacional, según informó el Gobierno.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad informó que en los últimos seis meses fueron expulsadas o rechazadas unas 14.000 personas extranjeras, aunque organizaciones de verificación advirtieron que esa cifra agrupa categorías distintas, como expulsiones, inadmisiones en frontera, impedimentos legales y otros rechazos migratorios, por lo que no corresponde interpretarla únicamente como deportaciones por delitos.
El cambio institucional también marca un giro en el enfoque oficial. La Dirección Nacional de Migraciones pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad, y en junio se creó el Programa de Seguridad Migratoria, orientado a fortalecer la coordinación entre Migraciones y las fuerzas federales, mejorar los procesos de detección e investigación de ilícitos migratorios y crear Unidades de Seguridad Migratoria.

Desde el Gobierno sostienen que estos procedimientos buscan ordenar el sistema migratorio, detectar antecedentes, prevenir delitos transnacionales y acelerar expulsiones en los casos previstos por la normativa. Sin embargo, sectores sociales y organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de estigmatizar a comunidades migrantes y reclaman que los controles respeten el debido proceso, la no discriminación y el derecho a la defensa.

Así, los megaoperativos migratorios se consolidan como una de las herramientas centrales de la nueva política de seguridad nacional.