La obra se realizará en Salta, en el marco del Plan Güemes, con el objetivo de ordenar el acceso al puesto migratorio, evitar cruces no habilitados y combatir el contrabando. En este contexto, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, afirmó: “Quien no cumple la ley, no entra. Y si entró por alguna circunstancia, lo buscamos y lo encontramos”.

La obra se desarrollará sobre uno de los sectores con mayor circulación de personas entre Argentina y Bolivia. Según explicaron las autoridades, el cerramiento permitirá canalizar el ingreso de peatones hacia el control migratorio oficial, reduciendo los pasos clandestinos que actualmente son utilizados para evitar los controles de documentación y el transporte ilegal de mercaderías.

La iniciativa forma parte del Plan Güemes, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para reforzar la presencia del Estado en la frontera norte mediante un mayor despliegue de fuerzas federales, controles migratorios más estrictos y acciones coordinadas contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

En ese contexto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió el endurecimiento de los controles y sostuvo que el objetivo es garantizar el cumplimiento de la ley. «Quien no cumple la ley, no entra. Y si entró por alguna circunstancia, lo buscamos y lo encontramos», afirmó al referirse a la política migratoria impulsada por el Gobierno nacional.

La construcción del cerco se complementará con nuevas medidas de vigilancia en la zona, entre ellas un mayor patrullaje de las fuerzas federales, controles documentales y operativos conjuntos con otros organismos nacionales. Desde el Gobierno aseguran que estas acciones buscan desalentar los cruces ilegales y brindar mayor seguridad tanto a los habitantes de la región como a quienes utilizan el paso fronterizo de manera regular.

El anuncio generó repercusiones tanto en Argentina como en Bolivia. Mientras el Gobierno nacional sostiene que la obra permitirá ordenar el tránsito fronterizo y combatir las actividades ilegales, distintos sectores bolivianos expresaron preocupación por el impacto que podría tener sobre la circulación cotidiana de personas que cruzan diariamente la frontera por motivos laborales, comerciales o familiares.

Con esta intervención, el Ejecutivo nacional profundiza su estrategia de fortalecimiento de las fronteras, una política que también incluye cambios en la legislación migratoria, mayores controles sobre el ingreso y permanencia de extranjeros y un incremento de los operativos contra organizaciones dedicadas al contrabando y otros delitos complejos en las zonas limítrofes.