El Gobierno informó que expulsó a 14.000 extranjeros en seis meses y ratificó que no podrán ingresar ni permanecer quienes tengan antecedentes penales, pedidos de captura o situación migratoria irregular. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó: “quien viola la ley debe hacerse responsable de sus actos”.

Según detallaron fuentes oficiales, las medidas apuntan a impedir el ingreso y la permanencia de personas con antecedentes penales, pedidos de captura o situaciones migratorias irregulares.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reafirmó la postura del Gobierno al señalar que “quien viola la ley debe hacerse responsable de sus actos”.

El refuerzo de los controles incluye una mayor presencia en fronteras, revisión de documentación y articulación entre organismos para agilizar procesos de expulsión.

Mientras el oficialismo defiende estas acciones como necesarias para garantizar el orden y la seguridad, organizaciones sociales y de derechos humanos advierten sobre el riesgo de vulneraciones y discriminación.