Aun siendo un sostén clave de la economía y el trabajo cotidiano en el país, muchos inmigrantes continúan enfrentando condiciones laborales precarias y salarios que dificultan el acceso a derechos básicos como una vivienda digna.

“Todos los trabajos que tuve fueron así”, resume, dejando en evidencia una problemática estructural que atraviesa al sector. Antes de especializarse como yesero, trabajó como obrero golondrina y albañil en distintas provincias, siempre en condiciones precarias y con escasa protección laboral. Jornadas extensas, falta de seguridad y ausencia de cobertura médica forman parte de su rutina hasta el día de hoy.

A pesar de este contexto, Gonzalo logró, con años de esfuerzo, construir su propia vivienda en un barrio popular de Córdoba, donde conviven principalmente familias inmigrantes. Muchas de ellas, al igual que la suya, levantaron sus casas sobre terrenos degradados, impulsadas por la necesidad urgente de tener un techo propio.

Sin embargo, el acceso a una vivienda digna sigue siendo un desafío. Con ingresos inestables y sin garantías laborales, proyectar mejoras o incluso sostener condiciones básicas se vuelve cada vez más difícil. “Trabajo 8, 10 y hasta 14 horas por día, y aun así no alcanza”, cuenta.

A las dificultades económicas se suman los obstáculos administrativos: durante años debió renovar su documentación constantemente, enfrentando requisitos difíciles de cumplir en un mercado laboral dominado por la informalidad. Recién después de más de dos décadas en el país pudo acceder plenamente a derechos como el voto.

Hoy, su principal anhelo es tener más estabilidad: poder estudiar, cuidar su salud y disponer de tiempo libre. Su testimonio no solo visibiliza las condiciones en las que viven muchos trabajadores inmigrantes, sino que también plantea un interrogante de fondo sobre el acceso real a derechos básicos en un contexto de alta precarización laboral.