El Gobierno de Bolivia descartó otorgar una amnistía general a las personas detenidas durante las recientes protestas y estableció como condición para retomar las negociaciones el levantamiento de los bloqueos que afectan distintas regiones del país.

El conflicto entre el Gobierno boliviano y la Central Obrera Boliviana (COB) atraviesa un momento de estancamiento luego del inicio de las negociaciones. La principal demanda de la organización sindical consiste en la liberación de las personas detenidas durante las movilizaciones y en los operativos de desbloqueo realizados por las fuerzas de seguridad, planteo que fue rechazado por el Ejecutivo.

En este marco, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó que una comisión se encuentra evaluando la situación jurídica de cada uno de los detenidos, aunque aclaró que no se avanzará con una medida de amnistía general. Según indicó, cualquier decisión deberá responder a criterios de razonabilidad y al marco legal vigente.

Asimismo, el funcionario sostuvo que el Gobierno utilizará las facultades previstas por la Constitución para garantizar la libre circulación en caso de que fracasen las instancias de diálogo abiertas con distintos sectores sociales, entre ellos organizaciones campesinas que mantienen demandas propias y no participan directamente de las negociaciones.

De acuerdo con datos oficiales, los bloqueos continúan activos en diferentes departamentos del país y generan dificultades en el abastecimiento de alimentos y combustibles, además de afectar la actividad económica y el transporte de mercancías. Frente a este escenario, el Ejecutivo reiteró que la liberación de las rutas constituye una condición necesaria para avanzar en acuerdos que permitan reducir la conflictividad social y política.