Tras el cambio de paradigma impuesto por el gobierno de Javier Milei, los operativos de control biométrico en la vía pública y la intensificación de la vigilancia fronteriza aceleraron los procesos de expulsión. El Ministerio de Seguridad busca profundizar las medidas en todo el territorio nacional.

Desde el Ministerio de Seguridad destacan que estas medidas buscan “ordenar” el sistema migratorio y reforzar la seguridad interna. En esa línea, se incrementaron los controles en pasos fronterizos, se fortaleció la coordinación con fuerzas federales y se agilizaron los mecanismos para concretar deportaciones en plazos más breves.

Sin embargo, la iniciativa también abre un fuerte debate. Organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de prácticas discriminatorias y posibles abusos en los controles en la vía pública, especialmente en sectores vulnerables o comunidades migrantes. Además, cuestionan la falta de garantías en algunos procesos de expulsión.

El uso de tecnología biométrica, uno de los pilares del nuevo esquema, genera particular preocupación. Especialistas señalan la necesidad de establecer marcos claros de regulación y control para evitar un uso indebido de los datos personales y proteger la privacidad de las personas.

En paralelo, el gobierno anticipa que profundizará estas políticas en todo el territorio nacional, con el objetivo de ampliar la capacidad operativa de la Agencia y consolidar un sistema migratorio más restrictivo y eficiente.

Así, Argentina avanza hacia un modelo de mayor control y vigilancia en materia migratoria, en un contexto donde la seguridad se posiciona como uno de los ejes centrales de la agenda pública.