En medio de la creciente crisis social y política que atraviesa Bolivia, el Gobierno aseguró que algunos sectores que impulsan las protestas y bloqueos mantienen vínculos con organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, sostuvo que las movilizaciones que exigen la salida del presidente Rodrigo Paz van más allá de una disputa política interna. Según explicó, existen intereses externos, financiamientos irregulares y estructuras criminales que buscan debilitar las instituciones del Estado. Las declaraciones se producen cuando el país acumula más de seis semanas de bloqueos de carreteras y protestas en distintas regiones.

El Gobierno señaló que algunos grupos radicalizaron sus medidas de presión tras no alcanzar sus objetivos mediante los cortes de ruta. Justiniano diferenció el derecho a la protesta pacífica de los actos violentos y advirtió que las autoridades responderán ante cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad democrática. Además, reiteró que la prioridad es proteger la vida de los ciudadanos y garantizar el abastecimiento de productos esenciales.

La crisis ya ha generado graves consecuencias económicas y sociales. Los bloqueos provocaron problemas de suministro de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno medicinal, además de pérdidas millonarias para diversos sectores productivos. Según datos oficiales, los conflictos han dejado al menos diez fallecidos desde el inicio de las movilizaciones.

En paralelo, el ex presidente Evo Morales volvió a desafiar públicamente al Gobierno y rechazó las acusaciones en su contra. Mientras aumenta la tensión política, el Ejecutivo asegura que mantendrá abiertos los canales de diálogo, aunque insiste en que hará cumplir la ley frente a cualquier intento de desestabilización.