Tras más de cinco semanas de protestas y cortes de carreteras, el Congreso boliviano aprobó una ley que autoriza al presidente Rodrigo Paz a desplegar a las Fuerzas Armadas para despejar las rutas bloqueadas.

La norma fue aprobada luego de una extensa sesión legislativa y otorga al Ejecutivo herramientas para enfrentar una situación que mantiene paralizadas importantes vías de comunicación en distintas regiones del país. El Gobierno analiza además la posibilidad de declarar un estado de excepción para ampliar su capacidad de respuesta frente a la crisis.

Las protestas reúnen a campesinos, mineros, transportistas, docentes y otros sectores sociales que cuestionan la gestión de Paz y reclaman soluciones ante el deterioro económico. Los bloqueos provocaron problemas de abastecimiento de combustibles, medicamentos y alimentos, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto.

El presidente sostiene que las movilizaciones responden en parte a intereses políticos vinculados al expresidente Evo Morales, mientras que los manifestantes aseguran que la protesta refleja el malestar social por la situación económica. La falta de acuerdos en las mesas de diálogo ha profundizado la tensión y acelerado la discusión sobre una eventual intervención militar.

La autorización legislativa marca un punto de inflexión en la crisis boliviana. Mientras el Gobierno busca recuperar la circulación en las rutas y garantizar el abastecimiento, organizaciones sociales y sectores opositores advierten sobre los riesgos de una mayor participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos.