La eliminación del subsidio al diésel en Bolivia generó nuevas amenazas de movilizaciones por parte de sindicatos, transportistas y organizaciones sociales. El precio del combustible pasó de 9,80 a 17,95 bolivianos por litro, un incremento cercano al 83%.

La Central Obrera Boliviana (COB) rechazó el Decreto Supremo 5716 y convocó a un ampliado nacional de emergencia para definir su posición. Los dirigentes cuestionan el impacto que el aumento del combustible podría tener sobre el transporte y el costo de los alimentos.

La Confederación Nacional de Choferes también exigió la anulación del decreto y anunció una reunión nacional en Santa Cruz para evaluar posibles medidas de presión. El sector advirtió que el incremento del diésel podría obligar a revisar las tarifas del transporte, mientras que los cisterneros anunciaron que podrían suspender la carga y descarga de combustible.

Los maestros urbanos se sumaron al rechazo y anunciaron una marcha nacional para el miércoles. También expresaron su oposición organizaciones de productores, cooperativistas mineros y sectores campesinos, que sostienen que el aumento del combustible tendrá efectos sobre los costos de producción y la economía de los hogares.

El Gobierno defiende la eliminación del subsidio como una medida destinada a reducir el costo fiscal, garantizar el abastecimiento y evitar las dificultades que se habían registrado en la provisión de combustible. La decisión se produce mientras continúa vigente el estado de excepción ampliado por 90 días, en un contexto marcado por las protestas y bloqueos registrados durante los meses de junio y julio.