El Gobierno de Bolivia señaló al Fondo Monetario Internacional (FMI) como responsable de una parte de las medidas adoptadas sobre la subvención al diésel. El ministro de Economía, Fernando Aramayo, afirmó que la decisión formó parte de los compromisos asumidos para acceder a un crédito de 1.900 millones de dólares.

El ministro Fernando Aramayo explicó que el retiro parcial de la subvención al diésel estuvo contemplado entre las condiciones vinculadas al financiamiento internacional. Según el funcionario, el acuerdo con el FMI incluyó compromisos destinados a reducir el costo fiscal que representa mantener los precios subsidiados de los combustibles.

La decisión se produce mientras Bolivia atraviesa dificultades para garantizar el abastecimiento de combustible. Las demoras y la escasez generaron largas filas en distintas ciudades y aumentaron la preocupación entre transportistas, productores y otros sectores que dependen del diésel para sus actividades.

El Gobierno de Rodrigo Paz sostiene que las modificaciones forman parte de un programa destinado a ordenar las cuentas públicas y enfrentar la crisis económica. Sin embargo, el aumento del costo del combustible provocó rechazo entre organizaciones sociales y productivas, que cuestionan el impacto de la medida sobre los precios y el costo de vida.

La situación también incrementó la tensión política y social en el país. Mientras el Ejecutivo busca avanzar con sus medidas económicas y garantizar el suministro, distintos sectores evalúan nuevas movilizaciones y reclamos para exigir cambios en la política de combustibles.