Tras más de un mes de bloqueos y protestas contra el presidente Rodrigo Paz, la crisis boliviana suma al menos nueve fallecidos, profundiza el desabastecimiento y alimenta el riesgo de una confrontación social de mayor magnitud.

La protesta, impulsada por sectores campesinos, sindicatos y grupos afines al expresidente Evo Morales, se extendió a gran parte del país con más de cinco semanas de bloqueos. Los manifestantes mantienen una demanda central: la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los cortes de rutas afectan especialmente a La Paz y El Alto, donde se registran problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles, medicamentos y oxígeno medicinal.

El saldo humano continúa agravándose. Según reportes oficiales y organismos de derechos humanos, al menos nueve personas fallecieron durante el conflicto, seis de ellas por no haber recibido atención médica oportuna debido a los bloqueos. Entre las víctimas figuran una paciente oncológica que no pudo completar un traslado para recibir tratamiento y un transportista que permaneció atrapado durante semanas en una ruta bloqueada.

Especialistas alertan sobre una creciente polarización entre sectores urbanos y rurales. Aunque hasta ahora los incidentes han sido aislados, consideran que la falta de soluciones políticas y el prolongado desgaste social podrían derivar en enfrentamientos entre civiles, en un escenario que recuerda las tensiones vividas por Bolivia durante la crisis de 2019.

Mientras los intentos de diálogo impulsados por la Iglesia, el Parlamento y la Defensoría del Pueblo no logran avances, el Gobierno denuncia la existencia de un plan de desestabilización con participación de actores extranjeros y mantiene abierta la posibilidad de nuevas medidas para restablecer la circulación en las carreteras. Entretanto, empresarios y sectores productivos advierten que la economía se acerca a un punto crítico, con pérdidas millonarias y riesgos crecientes para la actividad económica y el empleo.