El Gobierno de Bolivia anunció que iniciará los procedimientos para expulsar del país a ciudadanos extranjeros que participaron en las movilizaciones que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El canciller Fernando Aramayo afirmó que varios de los involucrados ingresaron a Bolivia con visas de turismo y posteriormente participaron en actividades vinculadas a las protestas. Según el funcionario, estas acciones forman parte de un intento de desestabilización que afecta la institucionalidad democrática.

Entre los casos señalados por el Ejecutivo figura el del dirigente argentino Sebastián Copello, integrante del Partido Obrero-Frente de Izquierda, quien participó en reuniones de la Central Obrera Boliviana (COB). También fue mencionada la activista argentina Mercedes Trimarchi, vinculada a Izquierda Socialista, que asistió a una manifestación en la ciudad de El Alto y posteriormente abandonó el país.

Las protestas, impulsadas por organizaciones campesinas, sindicatos y sectores afines al expresidente Evo Morales, se mantienen desde comienzos de mayo y tienen como principal demanda la renuncia de Paz. Los bloqueos de carreteras se extendieron a gran parte del territorio nacional, afectando el transporte y el abastecimiento de productos esenciales.

La situación ha generado una grave crisis en ciudades como La Paz y El Alto, donde se registran problemas de suministro de combustibles, alimentos y medicamentos. Ante la escasez de insumos médicos y oxígeno medicinal, las autoridades locales declararon la emergencia sanitaria y humanitaria por 90 días.

De acuerdo con datos de la Defensoría del Pueblo, los conflictos han dejado al menos siete fallecidos, decenas de heridos y cientos de detenidos. Gran parte de las muertes se relacionan con dificultades para acceder a atención médica debido a los cortes de rutas.

En paralelo, la Justicia boliviana suspendió temporalmente las órdenes de detención contra los dirigentes sindicales Mario Argollo y Vicente Salazar, considerados figuras clave de las movilizaciones. Sin embargo, ambos rechazaron participar en la mesa de diálogo convocada por el Gobierno.

Las autoridades judiciales aclararon que la suspensión de las órdenes no implica el cierre de las causas, ya que la Fiscalía podrá reactivar los procesos una vez subsane las observaciones legales realizadas por el tribunal.