Las protestas que atraviesan Bolivia comenzaron hace más de un mes con reclamos sindicales y demandas económicas, pero con el paso de las semanas derivaron en una fuerte crisis política con pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

Uno de los sectores más activos es la Federación de Campesinos Túpac Katari, organización indígena y campesina de La Paz que impulsa bloqueos indefinidos y exige directamente la salida del mandatario. A ellos se sumaron agrupaciones históricas como la Central Obrera Boliviana (COB), que inicialmente reclamaba nuevos aumentos salariales y medidas económicas, pero luego radicalizó su postura y comenzó a cuestionar abiertamente al gobierno.

También participan sectores docentes, transportistas y campesinos de regiones amazónicas que rechazan reformas vinculadas a la propiedad de la tierra y denuncian problemas económicos, como la crisis del combustible y la inflación. En paralelo, organizaciones vecinales de El Alto y movimientos indígenas como los Ponchos Rojos mantienen bloqueos y protestas contra el rumbo político y económico de la administración de Paz.

El conflicto además sumó el respaldo de seguidores del ex presidente Evo Morales, especialmente grupos cocaleros y sectores vinculados al Movimiento al Socialismo (MAS). Estos espacios rechazan las reformas impulsadas por el gobierno, denuncian políticas “neoliberales” y exigen frenar procesos judiciales contra Morales, quien enfrenta nuevas órdenes de captura.

Otro actor clave son los mineros cooperativistas, protagonistas de violentas protestas en La Paz, donde utilizaron dinamita durante enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Tras negociaciones con el Ejecutivo, lograron concesiones vinculadas a controles fiscales y deudas, aunque las tensiones continúan.

Analistas bolivianos sostienen que detrás de la diversidad de reclamos existe un malestar más profundo relacionado con la pérdida de influencia política de sectores populares y sindicales que durante casi dos décadas mantuvieron cercanía y participación dentro de los gobiernos del MAS. En ese contexto, la crisis actual refleja no solo demandas económicas inmediatas, sino también una disputa política e institucional más amplia sobre el futuro del país.