La crisis política y social en Bolivia sumó este lunes un nuevo capítulo luego de que la Justicia ordenara la captura de uno de los líderes de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz.

Las protestas, impulsadas por sectores afines al ex presidente Evo Morales y organizaciones sociales, llevan ya tres semanas y mantienen bloqueos de rutas y movilizaciones en distintas regiones del país. Los reclamos se centran en la situación económica y en el pedido de renuncia del mandatario boliviano.

Durante la jornada se registraron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en La Paz. Los movilizados intentaron romper el cerco policial que protegía las sedes del Gobierno y del Poder Legislativo, utilizando piedras, petardos y cargas de dinamita. La Policía respondió con gases lacrimógenos, mientras medios locales reportaron heridos entre manifestantes, agentes y periodistas.

La petrolera estatal YPFB informó además que los bloqueos en la planta de Senkata y en distintas carreteras obligaron a suspender el envío de combustibles hacia las zonas afectadas. La medida profundizó los problemas de abastecimiento de alimentos, combustible y suministros médicos que atraviesan varias ciudades del país.

En su carta abierta, el vicepresidente Lara cuestionó el uso de detenciones contra dirigentes opositores y advirtió que este tipo de medidas “incrementan la tensión y la incertidumbre”. También sostuvo que Bolivia necesita “abrir caminos de entendimiento” para evitar un agravamiento de la crisis política y social.