La Justicia boliviana ordenó la captura de Evo Morales luego de que el ex presidente no asistiera al inicio del juicio oral en su contra por presunta trata agravada de personas.

El Tribunal de Tarija declaró en rebeldía a Morales y suspendió el juicio hasta que se presente ante las autoridades o la Policía logre ejecutar la orden de captura. Además, la Justicia dispuso el arraigo del ex mandatario, medida que le impide salir del país mientras continúe el proceso judicial.

La Fiscalía sostuvo que los abogados de Morales no presentaron justificativos válidos por su ausencia en la audiencia. Ante esto, el tribunal designó defensores públicos para representarlo. El fiscal Luis Gutiérrez aclaró que ahora la ejecución de la orden de captura depende exclusivamente de la Policía boliviana.

Por su parte, la defensa del ex presidente aseguró que Morales nunca fue notificado personalmente y denunció irregularidades en el proceso. Su abogado, Wilfredo Chávez, afirmó que el juicio tiene motivaciones políticas y señaló que la causa fue reactivada en medio de protestas sociales contra el gobierno de Rodrigo Paz.

Mientras tanto, seguidores de Morales amenazaron con movilizaciones y posibles enfrentamientos si las fuerzas de seguridad intentan detenerlo. El dirigente cocalero Dieter Mendoza afirmó que “el país va a convulsionar” en caso de una captura y pidió a las organizaciones sociales mantenerse en estado de alerta. Morales permanece resguardado en el Trópico de Cochabamba, su principal bastión político y sindical, protegido por cientos de simpatizantes.