El Gobierno de Bolivia declaró prioritaria la reorganización, disolución o liquidación de las empresas públicas dependientes del Estado central. La medida, impulsada por el presidente Rodrigo Paz, alcanza a 67 entidades y forma parte de un programa de ajuste fiscal.

La decisión quedó establecida mediante el Decreto Supremo 5727, aprobado tras una reunión virtual del gabinete encabezada por Paz desde Nueva York. El diagnóstico técnico de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), con aprobación del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP), será la base para definir el futuro de cada compañía.

Según los datos oficiales difundidos en abril, 15 de las 67 empresas estatales se encontraban en quiebra técnica, con pérdidas acumuladas de 2.655 millones de bolivianos y un patrimonio negativo de 1.901 millones. Entre las entidades con dificultades financieras figuran Yacimientos de Litio Bolivianos, la Empresa Metalúrgica Karachipampa y la Empresa Azucarera San Buenaventura.

El decreto establece que, una vez aprobada la recomendación técnica, los ministerios responsables tendrán un plazo máximo de 15 días hábiles para iniciar los trámites correspondientes. El procedimiento dependerá de la norma mediante la cual fue creada cada empresa y podrá requerir un nuevo decreto o una ley. La reorganización no implica la suspensión automática de las operaciones.

La medida se enmarca en la política de reducción del gasto estatal impulsada por la administración de Paz. El Gobierno busca disminuir el costo de las empresas deficitarias y revisar el uso de recursos públicos, mientras que las auditorías y eventuales investigaciones por responsabilidades administrativas o legales podrán continuar independientemente de los procesos de liquidación.