Organizaciones campesinas de distintas zonas de Santa Cruz reclamaron al Gobierno boliviano que derogue el Decreto Supremo 5676. La norma elevó a 18 bolivianos por litro el precio del diésel para grandes consumidores.

El conflicto se concentra especialmente en Yapacaní y otras zonas productivas de Santa Cruz, donde los campesinos cuestionan la decisión del Gobierno de Rodrigo Paz de retirar parcialmente la subvención al combustible. Los sectores afectados sostienen que el nuevo precio tendrá un impacto directo sobre los costos de producción, el transporte y el abastecimiento de alimentos.

Los productores señalan que el diésel es indispensable para el funcionamiento de maquinaria agrícola, traslado de cosechas y otras tareas vinculadas con la producción. Por ese motivo, consideran que el incremento se trasladará a toda la cadena productiva y podría provocar una suba de los precios de los alimentos.

Ante el rechazo, distintos grupos campesinos anunciaron medidas de presión. En Yapacaní se convocaron bloqueos de caminos, mientras que productores de otras localidades dieron al Ejecutivo un plazo para dejar sin efecto el decreto. El Gobierno, por su parte, desplegó efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas en la zona para garantizar la circulación y evitar enfrentamientos.

El decreto establece un precio referencial de 18 bolivianos por litro para industrias, empresas y otros grandes consumidores, mientras mantiene en 9,80 bolivianos el valor para transportistas y particulares con consumos menores. El Ejecutivo sostiene que la medida forma parte de su estrategia para enfrentar la crisis de abastecimiento y reducir el costo de la subvención estatal.

La tensión podría extenderse a otras regiones y sectores. Organizaciones agropecuarias, transportistas, gremiales y productores de distintos departamentos también reclamaron la abrogación del Decreto 5676, mientras en Santa Cruz está prevista una reunión extraordinaria del sector productivo para definir nuevas acciones.