La Fiscalía de Bolivia emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, profundizando la tensión política que atraviesa el país. La decisión está relacionada con una investigación por los hechos de violencia y los bloqueos de carreteras registrados durante las protestas contra el Gobierno.

La denuncia fue impulsada inicialmente por dirigentes cívicos de Santa Cruz y posteriormente recibió el respaldo del Ministerio de Gobierno. Los denunciantes sostienen que Morales tuvo responsabilidad política en la organización de las movilizaciones que paralizaron distintas regiones durante varias semanas.

Las protestas estuvieron acompañadas por enfrentamientos, interrupciones en las principales rutas y pérdidas económicas para sectores productivos y comerciales. Después de más de cincuenta días de conflicto, el Gobierno logró recuperar la circulación mediante acuerdos con algunos sectores y el despliegue de fuerzas de seguridad.

El entorno del exmandatario rechazó las acusaciones y afirmó que la investigación responde a una persecución política. Morales continúa conservando influencia sobre organizaciones campesinas y sindicales, aunque también enfrenta divisiones dentro del movimiento político que condujo durante casi dos décadas.

La nueva orden judicial podría convertirse en otro foco de tensión entre el Gobierno y los sectores que respaldan al expresidente. Las autoridades deberán definir cómo avanzar con el procedimiento sin provocar una nueva escalada de movilizaciones y enfrentamientos.