Organizaciones sociales alertan sobre situaciones de persecución que afectan especialmente a migrantes bolivianos, paraguayos y peruanos que viven en barrios populares del país.

La Dirección Nacional de Migrantes y Refugiados de la CTA Autónoma denunció un incremento de los operativos policiales y migratorios en zonas habitadas mayoritariamente por las comunidades boliviana, paraguaya y peruana. Según la organización, los controles se concentran en barrios como Villa Celina y Liniers, además de ferias y espacios laborales de Once y Flores. 

Sus referentes sostienen que estas intervenciones afectan principalmente a trabajadores de la economía informal que se desempeñan en talleres textiles, obras de construcción, servicios, comercios y ferias. También denunciaron ingresos a locales, controles masivos de documentación y procedimientos con una cantidad de efectivos que consideran desproporcionada. Desde la CTA interpretan estas acciones como una forma de criminalización de la pobreza y advierten que generan temor incluso entre quienes cuentan con documentación regular. 

Las denuncias cobraron mayor fuerza después de distintos operativos desplegados en barrios populares porteños. En mayo, el Gobierno de la Ciudad movilizó a más de 1.500 efectivos y aseguró haber detenido a 27 personas, cerrado cinco puntos vinculados con la venta de drogas y clausurado 25 comercios. El CELS cuestionó esos procedimientos y denunció falta de controles judiciales, requisas violentas y decomisos de herramientas de trabajo. El debate enfrenta dos miradas: la oficial, que presenta los operativos como una política de seguridad, y la de las organizaciones, que advierten sobre prácticas discriminatorias contra migrantes y trabajadores pobres.