El cerco busca endurecer los controles fronterizos. Desde Bolivia expresaron su rechazo y advirtieron que la decisión podría tener un impacto negativo en la relación entre ambos países.

El Gobierno argentino avanza con un cerco en la frontera con Bolivia como parte de una política destinada a reforzar los controles migratorios y de seguridad. La estructura estaría ubicada en el paso que conecta Aguas Blancas, en la provincia de Salta, con la ciudad boliviana de Bermejo, una zona caracterizada por el intenso movimiento de personas y mercaderías.

Las autoridades argentinas sostienen que el proyecto permitirá canalizar la circulación por los pasos habilitados y reducir los cruces informales. También argumentan que la medida busca combatir delitos transfronterizos, como el contrabando y el narcotráfico, aunque distintos sectores cuestionan que una barrera física sea una respuesta adecuada para una problemática compleja.

Desde Bolivia expresaron su rechazo y advirtieron que la decisión podría afectar a trabajadores, comerciantes y familias que mantienen vínculos cotidianos a ambos lados de la frontera. Representantes políticos y sociales señalaron que el cerco puede generar mayores dificultades para la movilidad y profundizar la tensión entre comunidades históricamente integradas.

La iniciativa también despertó preocupación por su posible impacto en la relación diplomática entre ambos países. Desde el lado boliviano reclamaron diálogo y coordinación bilateral, mientras organizaciones migrantes pidieron que las políticas de seguridad no deriven en estigmatización ni en restricciones que vulneren los derechos de quienes atraviesan legalmente la frontera.