El nuevo régimen migratorio refuerza los requisitos para entrar y permanecer en el país, establece rechazos en frontera para personas condenadas y facilita la expulsión de extranjeros que cometan delitos o ingresen por pasos no habilitados.

El Gobierno argentino avanzó con un endurecimiento de su régimen migratorio mediante el Decreto 366/2025, que modificó aspectos centrales de la Ley de Migraciones. La nueva normativa pone el foco en los antecedentes penales, el ingreso por pasos no habilitados, la regularidad de la residencia y los requisitos para permanecer en el país.

Uno de los cambios más fuertes está vinculado al ingreso de personas extranjeras con condenas o antecedentes. El decreto establece causales de impedimento para quienes hayan sido condenados en Argentina o en el exterior, tanto por delitos con penas mayores como menores a tres años. También incluye casos de documentación falsa, omisión de antecedentes o ingreso irregular al territorio argentino.

La norma también refuerza el control sobre quienes ingresen por lugares no habilitados o eludan los controles migratorios. En esos casos, la autoridad puede disponer el rechazo en frontera o avanzar con un proceso de expulsión. Además, se exige que las personas extranjeras acrediten condiciones vinculadas a su ingreso, permanencia, domicilio y, en determinados casos, seguro de salud.

Otro punto sensible tiene que ver con la residencia. La Dirección Nacional de Migraciones queda habilitada a revisar la situación de personas extranjeras, controlar documentación y fiscalizar lugares de trabajo o alojamiento. La residencia permanente también queda sujeta a requisitos más estrictos, como acreditar medios económicos suficientes y no registrar antecedentes que puedan motivar el rechazo.

El cambio abrió un fuerte debate político y judicial en Argentina. Mientras el Gobierno sostiene que busca ordenar el sistema migratorio y reforzar la seguridad, sectores sociales y jurídicos advierten sobre posibles afectaciones a derechos de personas migrantes. Incluso, en 2026, la Justicia argentina anuló aspectos vinculados al otorgamiento de ciudadanía por considerar que el Ejecutivo se excedió en sus atribuciones, por lo que la aplicación del nuevo esquema sigue bajo observación.