El gobierno de Bolivia dio un paso clave para habilitar el estado de emergencia en medio de la crisis social y política que atraviesa el país. El presidente Rodrigo Paz promulgó la derogación de una ley que limitaba la aplicación de medidas excepcionales y abrió la puerta al despliegue de las Fuerzas Armadas.

La medida fue aprobada por amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, luego de un intenso debate en Diputados y el aval previo del Senado. Con la eliminación de la Ley 1341, el Ejecutivo recupera mayores facultades para declarar un estado de excepción contemplado en la Constitución boliviana ante situaciones de grave alteración del orden interno.

El oficialismo sostiene que el escenario actual, marcado por cortes de rutas, desabastecimiento y episodios de violencia, requiere una respuesta más firme del Estado. De concretarse el estado de emergencia, el gobierno podría restringir temporalmente algunas libertades, reforzar controles y habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas junto a la policía para despejar caminos y contener disturbios.

Las protestas, impulsadas por sectores sindicales y grupos vinculados al expresidente Evo Morales, comenzaron con reclamos económicos y derivaron en pedidos de renuncia contra Paz. La crisis provocó falta de alimentos, combustible y medicamentos en ciudades como La Paz y El Alto, mientras crece la presión sobre un gobierno que apenas lleva seis meses en funciones.

La decisión también despertó preocupación dentro y fuera del país. Legisladores opositores advirtieron sobre posibles abusos y violaciones a los derechos humanos, mientras la Iglesia Católica pidió priorizar el diálogo para evitar una mayor escalada del conflicto. Estados Unidos, por su parte, expresó inquietud por la creciente inestabilidad política y social en Bolivia.