Una propuesta legislativa en Bolivia que busca endurecer las sanciones por abuso sexual infantil y eliminar la prescripción de estos delitos ha desatado una fuerte polémica.

El proyecto, conocido como “ley Brisa”, surge a partir del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció fallas en el tratamiento judicial del caso y señaló que la víctima sufrió violencia institucional. La propuesta plantea reformas al Código Penal para declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, tipificar la violación incestuosa infantil y establecer que un menor no puede otorgar consentimiento en relaciones con adultos en posición de poder.

Impulsada por la diputada Andrea Ballivián y respaldada por más de 30 organizaciones, la norma también busca eliminar la figura del estupro en casos que involucren a menores de edad. Actualmente, la legislación boliviana permite denunciar estos delitos hasta cuatro años después de alcanzar la mayoría de edad, un plazo que la reforma pretende suprimir para facilitar el acceso a la justicia.

Sin embargo, el proyecto ha encontrado resistencia en grupos religiosos y plataformas ciudadanas, como asociaciones evangélicas y colectivos de “defensa de la familia”. Sus críticos advierten que la ley podría generar denuncias falsas, afectar la presunción de inocencia y permitir interpretaciones ambiguas en los procesos judiciales.

Desde el sector impulsor, especialistas en derechos humanos sostienen que la reforma busca cerrar vacíos legales que favorecen la impunidad. Argumentan que muchas víctimas tardan años en denunciar debido a factores emocionales, económicos y sociales, y que la legislación actual no refleja las dinámicas de poder presentes en los casos de abuso infantil.